Pensión universal, un riesgo para las futuras generaciones.

Otorgar una pensión universal a los adultos mayores por el simple hecho de llegar a los 68 años y 65 en el caso de las zonas indígenas, es una irresponsabilidad, puesto que de acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población, se estima que en México para el año 2050, se tendrá una población de más de 30 millones de personas mayores de 60 años, incluso seremos el país con más personas de ese rango de edades en América Latina. Es por ello, que esta pretensión del Gobierno de López Obrador, es más una acción política que un acto de responsabilidad, puesto que la incapacidad para crecer en el primer año de gobierno, aunado a la crisis mundial por el Coronavirus y la caída de los precios del petróleo, muestra una situación económica negativa para los mexicanos.

Una pensión no contributiva para todos los adultos mayores no es una acción responsable, pues no prevé el impacto para los contribuyente cautivos, pero sobre todo a las futuras generaciones, por lo que un gobierno debe generar políticas públicas tendientes a resolver problemas y no ha conservarlos, o en su caso, enfocarse a la atención de grupos específicos que cumplan determinadas características y no un beneficio universal, esto con el propósito de lograr que estos superen su condición económica para alcanzar la movilidad social.

Consagrar derechos en la constitución no es una decisión que deba tomarse si analizar las consecuencias, como la capacidad de un Estado que no ha cumplido con la expectativa de la generación de riqueza y la movilidad social. ¿Por qué no asegurar alimentación y vivienda gratis? Por el simple hecho que se requiere que ese recurso salga de algún lugar, lo que implicaría el recorte presupuestal a sectores como la salud u otros, pero si el Gobierno Mexicano no ha sido capaz de cumplir con los derechos actuales, pone en riesgo el futuro del país al pretender ampliar derechos que implicarían una responsabilidad perpetua del Estado.

El problema de consagrar en la constitución como derechos los programas sociales del gobierno actual, como la pensión universal para adultos mayores y personas con discapacidad, así como las becas estudiantiles, representará una carga para las futuras generaciones, que son quienes sufrirán y deberán pagar tal vez con mayores impuestos esos derechos para una población en crecimiento natural. En la actualidad la población se queja de las contribuciones que son muy inferiores a otros países, lo cual tiene una razón, la corrupción y los pésimos servicios públicos. Aunque quitáramos la corrupción, es imposible mantener un presupuesto para un país donde poco a poco se invierte la pirámide poblacional y la esperanza de vida aumenta, por lo que resulta imposible matemáticamente mantener dichas pretensiones sin afectar otros rubros importantes del Estado Mexicano como se ha planteado con anterioridad.

El Gobierno de México realizará la rifa de un avión que no se rifará, la cual tiene como objetivo recaudar 3 mil millones de pesos para la compra de equipos médicos, como si se careciera de recursos financieros, en contraste, encontramos que el presupuesto para el programa de adultos mayores es de casi 130 mil millones de pesos, mismos que no están focalizados para personas en situación de extrema pobreza, por señalar un posible requisito para acceder a ellos, incluso en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, se posee un presupuesto de más de 69 mil millones de pesos, cabe destacar que de los diversos programas federales, en la mayoría no se ejerció en su totalidad el presupuesto asignado, para ejemplo tenemos el caso de la inversión física en salud, la cual tuvo un subejercicio del 61% de acuerdo a lo aprobado.

La situación que enfrenta el Gobierno Mexicano en materia económica es complicada, pues a pesar de las proyecciones de bajo crecimiento para México en 2019, el presidente de la República aseguraba en Julio de 2018 e incluso en Abril de 2019 que el crecimiento de México sería de al menos del 2%, pero la realidad se hizo presente, a pesar de ello existe la negación de tomar decisiones diferente para buscar estabilizar la situación económica del país, es preocupante que se siga con el mismo rumbo pese al panorama que vivimos.

 

Daniel Murguia.

 

 

 

 

Las mentiras de la Brecha Salarial desde las instituciones públicas.

Según CONEVAL, que es la institución responsable de evaluar las políticas públicas en nuestro país, menciona en su estudio pobreza y género, que «los datos muestran que las mujeres ganan una quinta parte menos que sus pares, aun cuando posean el mismo nivel educativo», pero si la medición es por nivel de estudios, no se puede ser objetivos, puesto que el análisis debiera ser por cargos en una misma empresa, supongamos, el sueldo de un auxiliar administrativo debe ser único, sin importar el sexo, si existiera en ese caso sueldos diferentes, entonces sería realmente un acto discriminatorio.

En una conferencia del Comisionado del INAI, el Maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, mostró una gráfica donde mostró los sueldos de los comisionados, haciendo su comercial pro-igualitario, mencionó que las mujeres ganaban menos que los hombres y qué desconocía por qué pasaba eso, ya que el 57% del pago de sueldos era para los masculinos, por lo que en casa decidí revisar esa gráfica detenidamente, resultando en una explicación lógica, pues el número de comisionados es de siete, siendo cuatro hombres y tres mujeres, además, por el número impar, siempre habrá una persona más de un sexo, pero lo importante, es que todos percibían el mismo ingreso.

Las mujeres cada vez ocupan nuevos espacios, lo cual es de celebrarse, pero manejar discursos de desigualdad de sueldos por ser mujer, no es del todo objetivo, lo que en realidad existe, son personas que no trabajan o hacen poco por amistad o lazos familiares con algún directivo o empleado de mayor nivel jerárquico, ese si es un problema real que afecta a todos por igual.